El ministro de Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, señaló que se seguirán sumando municipios (ya son unos 50) a la resolución sobre pautas para la aplicación de agroquímicos en la provincia y que se generará un protocolo para «zonas sensibles». Para las pulverizaciones en ámbitos de escuelas habrá una restricción «en forma total» en esos lotes.
La norma, que busca ordenar esta materia en la provincia, donde hay decenas de municipios con sus propias regulaciones, entró en vigor en enero pasado. Sin embargo, anteayer en el Boletín Oficial provincial se informó que quedaba suspendida por un año su vigencia. Pese a que la norma habla de suspensión, en la provincia mencionan que se trata de una postergación y que se seguirá trabajando durante este tiempo.
Como informó LA NACION, este cambio generó malestar en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que abordará el tema en una reunión el 28 en Olavarría. «Privilegian no tener un conflicto que escale en los medios a bancar a la producción y darle un perfil productivo a la provincia», había dicho Matías de Velazco, presidente de Carbap.
«Durante la postergación vamos a incorporar a más municipios con convenio, fortalecer los controles, generar un registro lo más amplio posible de ingenieros agrónomos matriculados que tengan que controlar las aplicaciones en la zona de amortiguamiento y generar un protocolo de aplicación en zonas sensibles. En el caso de las escuelas, restringiendo en forma total la aplicación en esos lotes», dijo el ministro Sarquís.
En este contexto, la norma dice que debe «abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural». Luego añade que «si las mismas se tuvieran que realizar por alguna razón estrictamente justificada, fuera y lejos de los horarios de clases, y de otras actividades, y post finalización de las mismas, y siempre y en todos los casos sin presencia alguna de personas o animales, sólo si o si podrán hacerse, las que cuenten con la intervención de un profesional ingeniero agrónomo matriculado, autorizando y documentando las mismas previamente, siendo responsable ante las autoridades locales de dicha práctica y sus consecuencias».
Según Sarquís, «existe un gran interés de todos los municipios que firmaron y los que están adhiriendo a la resolución 246 para hacer un trabajo conjunto y coordinado con la provincia en los próximos meses».
«Lo que estamos haciendo es trabajar en forma integral con todos los municipios, que ya suman cerca de 50, siempre apuntando al control y al orden para cuidar la salud de la población y también sostener las producciones», indicó el ministro de Agroindustria bonaerense.
Ordenamiento
En este marco, Fernando Vilella, profesor titular de Agronegocios de la Fauba y presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), valoró la resolución de la provincia.
«Hasta esta gestión del ministro Sarquís, ninguna otra administración en la provincia se había ocupado de un ordenamiento en las aplicaciones de agroquímicos. Por eso, algunos partidos estaban sacando reglamentaciones con criterios disímiles y en algunos casos sin fundamentos científicos. La mayoría del territorio no tenía normativa específica y se podían hacer muchas cosas sin problemas», dijo.
Para Vilella, la resolución, que lleva el número 246/18, «propone una guía que permite el desarrollo local, aprovechando a fondo las potencialidades sin perjudicar ni el ambiente ni la sociedad».
«La suma de los 50 municipios que han adherido de todos los colores políticos, aquellos que se están sumando; la necesidad de generar un registro lo más amplio posible de profesionales responsables de las aplicaciones en la zona de amortiguamiento y la necesidad de generar un protocolo de aplicación en zonas de amortiguamiento especialmente sensibles son las razones que fundamentan una breve postergación. Pero en el mientras tanto, en dos meses, se anuncia la constitución de una mesa intersectorial con representantes de los sectores técnicos involucrados, que en un período de seis meses organicen estos temas», agregó.
Para Vilella, la nueva resolución dada a conocer «amplía y clarifica lo ya expresado en la anterior respecto a cómo conducirse en el caso de poblaciones, escuelas rurales, cursos de agua y otras zonas de mayor cuidado».
«En la era del fake news aparecieron opiniones que decían que se estaba permitiendo algo prohibido, cuando en realidad nada estaba prohibido y ahora, por primera vez, se reglamentó. Es llamativo que algunos que en las últimas décadas tuvieron todas las oportunidades de normar hoy interpreten malintencionadamente esta (norma)», señaló.
El presidente del CPIA dijo que la normativa «revaloriza la función profesional». Luego agregó que «apunta al control y al orden para cuidar la salud de la población y también sostener las producciones».
